JUSTICIA
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a su cargo de la ejecución de la condena por la denominada ‘Causa Vialidad’, dispuso nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles.
Entre ellos, en este caso ocurrió sobre el departamento de San José 1111 en el que la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.
El inmueble pertenece a la firma “Los Sauces S.A.”, sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, y forma parte de los activos societarios y bienes de los condenados por los que el fallo ordenó cubrir los $685.000 millones fijados como monto a decomisar.
Los jueces explicaron que las cautelares tienen como objetivo garantizar la indisponibilidad jurídica de los activos mientras continúa el trámite destinado a determinar el decomiso definitivo, con intervención de las partes.
La resolución forma parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial. La primera había incluido 111 propiedades solicitadas por el fiscal Diego Luciani y posteriormente aprobadas por el Tribunal para su decomiso.
En esta nueva etapa también fueron incluidos cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.
Los jueces fundamentaron la extensión de las medidas sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner a partir de las conclusiones de la sentencia condenatoria, que determinó que la maniobra fraudulenta vinculada con la obra pública produjo beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.
Según el tribunal, durante el período investigado, entre 2003 y 2015, existió una conexión económica y comercial comprobada entre las empresas de Báez y los negocios de la familia Kirchner.
En ese marco, las compañías del empresario patagónico alquilaron, explotaron turísticamente y realizaron construcciones en hoteles y propiedades pertenecientes a los Kirchner, tanto en forma personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
La resolución también invocó el artículo 23 del Código Penal, que permite alcanzar a personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado con el producto o provecho de un delito y contempla, además, la posibilidad de avanzar sobre bienes o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos gratuitamente a terceros.
De esta manera, el TOF 2 mantiene abierto el proceso de ejecución patrimonial de la condena de la Causa Vialidad mientras la Corte Suprema deberá resolver los recursos pendientes sobre el primer grupo de bienes.
