POLÍTICA & AMBIENTE
El Senado bonaerense dio un nuevo paso para establecer un régimen específico contra los “escapes libres” y otros sistemas de escape antirreglamentarios en autos, motos y otros vehículos.
Los avances se deben a que en Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible se aprobó el proyecto de ley presentado por la senadora de Hechos María Emilia Subiza, que ahora deberá continuar su tratamiento en las comisiones de Seguridad, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos antes de ser tratado en el recinto.
La propuesta busca abordar el problema no solamente desde la circulación de vehículos que generan ruidos excesivos, sino también desde la fabricación, comercialización, distribución e instalación de los dispositivos que permiten modificar los sistemas de escape.
El texto del proyecto señala que se tiene como objetivo “prevenir, controlar, sancionar y erradicar” la utilización, fabricación, comercialización, instalación y circulación de sistemas de escape que no cumplan con las exigencias técnicas y de homologación correspondientes.
El proyecto vincula la problemática con cuatro grandes áreas: la protección de la salud y el ambiente, la convivencia urbana, la seguridad vial y el fortalecimiento de las herramientas de fiscalización del Estado.
De esta manera, se definiría como escape antirreglamentario a cualquier caño, silenciador, componente, accesorio o modificación que no cumpla con las condiciones técnicas, los niveles sonoros o las homologaciones exigidas por la normativa vigente.
Entonces, el denominado “escape libre”: sería aquel que carezca total o parcialmente de un silenciador eficaz o permita emisiones sonoras superiores a las autorizadas y quedaría prohibido para circulación por la vía pública con vehículos que posean cualquier tipo de escape libre.
El proyecto, también propone la creación de un Registro Provincial de Comercios y Talleres Especializados en Sistemas de Escape para Competición.
Multas: Para las infracciones vinculadas con la circulación y las maniobras prohibidas, se establece una multa de entre 300 y 1.000 unidades fijas, además de una posible inhabilitación para conducir de tres meses a un año. Actualmente, la unidad fija es de $2.281. Por lo tanto, las multas irían de los 684 mil pesos a los 2,28 millones.
El proyecto también contempla el decomiso y la disposición final del vehículo, del caño de escape y de los demás elementos involucrados, de acuerdo con las condiciones previstas en la iniciativa.
Para fabricantes, vendedores, distribuidores, instaladores y otros actores alcanzados por la prohibición comercial, las multas propuestas son considerablemente mayores: de 1.500 a 5.000 unidades fijas.
A su vez, el proyecto invita a los 135 municipios bonaerenses a adherir y dictar normas complementarias dentro de sus competencias.
