Javier Milei ratificó su rumbo en materia educativa/económica y se formalizó, a través del Decreto 647/2025, el veto total a la Ley Nº 27.795.
La misma, establecía un esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
La decisión implica un nuevo frente de conflicto con las universidades, los gremios del sector educativo y su oposición parlamentaria. El proyecto había sido sancionado en el Congreso el pasado 21 de agosto con 158 votos afirmativos en la Cámara de Diputados -amplia mayoría- pero que no alcanzó los dos tercios necesarios para blindarse frente a un eventual veto presidencial.
La opción de la oposición será reunir esa mayoría especial si quiere insistir con la ley en una sesión prevista para el próximo miércoles.
Desde la Casa Rosada justificaron el rechazo en que la iniciativa no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, ya que habilita gastos no previstos en el presupuesto sin identificar con claridad las fuentes de financiamiento. Según el Gobierno, las partidas señaladas como respaldo resultan “genéricas” y no garantizan disponibilidad real de recursos. Además, se calculó que el costo fiscal superaría un billón de pesos en 2025, lo que, de aplicarse, pondría “en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica”, detallaron.
